El Constitucional avala los requisitos para reactivar determinados desahucios suspendidos
El Tribunal Constitucional ha confirmado la validez de varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, que permanecían pendientes de examen. La sentencia n.º 64/2026, de 23 de septiembre, resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Xunta de Galicia y mantiene, entre otras previsiones, el régimen aplicable a la reanudación de determinados procedimientos de desahucio suspendidos.
El Pleno declara además la pérdida sobrevenida de objeto respecto de aquellos preceptos que ya habían sido anulados en pronunciamientos anteriores y desestima el recurso en todo lo demás.

La conciliación previa se mantiene para los grandes tenedores
Uno de los aspectos de mayor relevancia práctica afecta a los desahucios y lanzamientos que quedaron suspendidos al amparo de las medidas adoptadas durante la pandemia.
Cuando la parte actora tenga la condición de gran tenedor, la reanudación del procedimiento exige acreditar el sometimiento previo a un mecanismo de conciliación o intermediación ante la Administración competente.
El Constitucional considera que se trata de una exigencia de naturaleza procesal amparada por la competencia estatal. A su vez, entiende que la gestión de estos mecanismos corresponde a las administraciones autonómicas y locales, por lo que no aprecia una invasión de competencias en materia de vivienda.
El trato diferenciado supera el control de constitucionalidad
La sentencia descarta igualmente que este régimen específico vulnere el principio de igualdad.
A juicio del Pleno, la condición de gran tenedor constituye un elemento objetivo que permite establecer requisitos distintos para la reanudación de estos procedimientos, sin que la medida resulte desproporcionada.
Tampoco aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El intento previo de conciliación puede condicionar temporalmente la continuación del proceso, pero la norma incorpora mecanismos que evitan que la reactivación quede indefinidamente supeditada a la actuación de la Administración.
El Tribunal mantiene parte de la regulación sobre zonas tensionadas
La resolución avala también el artículo 19.2 de la Ley de Vivienda, relativo a la memoria que debe acompañar a la propuesta de declaración de una zona de mercado residencial tensionado.
El precepto permite a la Administración territorial competente concretar los criterios para determinar la condición de gran tenedor atendiendo a las características de cada zona. El Tribunal considera que esta regulación respeta el margen de actuación autonómico.
Qué deben tener en cuenta los despachos
Para los profesionales que intervienen en procedimientos de vivienda, la resolución obliga a trabajar con especial atención sobre el texto vigente de la Ley 12/2023 tras las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional.
En los procedimientos suspendidos en los que intervenga un gran tenedor será necesario comprobar el origen de la suspensión, verificar si resulta exigible el trámite previo de conciliación o intermediación y documentar correctamente su cumplimiento.
La STC 64/2026 no altera las declaraciones de inconstitucionalidad acordadas con anterioridad. Su relevancia reside en confirmar la validez de las previsiones ahora examinadas y completar la delimitación constitucional de la Ley de Vivienda.