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Los no residentes tendrán la exención de 700.000 euros del impuesto a los ricos

La corrección tiene efectos retroactivos y los contribuyentes podrán pedir rectificación por ingresos indebidos. Hacienda quiere blindar la imposición patrimonial en la reforma de la financiación.

El Gobierno ha aprovechado el real decreto que prorroga parcialmente el escudo anticrisis para corregir uno de los errores que incluía la redacción original del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. En concreto, según recoge el Boletín Oficial del Estado de ayer, se amplía a los no residentes la exención de 0,7 millones de euros de la que gozan los ricos que residen en el país y que tienen que abonar el gravamen. “Se modifican determinadas normas tributarias, a in de extender el mínimo exento de 700.000 euros a todos los sujetos pasivos del impuesto, con independencia de que sean o no residentes en España”, señala el BOE.

El impuesto sobre las grandes fortunas, creado para anular las bonificaciones autonómicas en el impuesto sobre el patrimonio, afecta a los ricos que tienen más de tres millones de euros, aunque dispone de un mínimo exento de 700.000 euros. El tipo aplicado es del 1,7% entre 3 y 5,3 millones de euros, del 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% para los más adinerados, a partir de los 10,6 millones de euros. Además, de cara a evitar la doble imposición, tiene una deducción total de la parte abonada en patrimonio. A partir de aquí, uno de los problemas más gravosos es que este mínimo exento de 700.000 euros, según el diseño original del impuesto, solo beneficia a los residentes, estableciendo una suerte de agravio comparativo con los no residentes. Es esta falla la que ahora corrige el Ministerio de Hacienda aprovechando el real decreto ley ómnibus.

El diseño inicial del impuesto, explica Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE), producía una “discriminación” hacia los no residentes “al no permitirles la exención de 700.000 euros”. Ahora, prosigue, Hacienda mitiga el fallo y además reconoce efectos retroactivos. De esta manera, los no residentes que pagasen el impuesto en 2022 (el primer año de aplicación) podrán solicitar una rectificación de devolución por ingresos indebidos, que cuentan además con un interés del 4%.

Según detallan fuentes jurídicas consultadas, el trato diferencial hacia los no residentes era uno de los aspectos que podían hacer temblar el gravamen, ya que otros argumentos, como la posible invasión de competencias autonómicas, han sido ya rechazados por el Tribunal Constitucional. Por eso, apuntan, y dado que el tributo seguirá prorrogado un año más, Hacienda corrige el error y da a los afectados la posibilidad de pedir cuentas.

En efecto, el texto publicado en el BOE extiende un año más el impuesto sobre las grandes fortunas, fiando su futuro a la reforma del sistema de financiación autonómica y al blindaje de impuestos como el de patrimonio. “En tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica, se prorroga la aplicación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas”, recalca el texto. El Gobierno, de hecho, confirma que su intención es establecer una tributación mínima en los impuestos que gravan la riqueza para que las comunidades no puedan bajar de ciertos umbrales. Así, la prórroga del impuesto sobre las grandes fortunas “se estima imprescindible y urgente” para que la reforma de la financiación autonómica se lleve a cabo “en las debidas condiciones de armonización tributaria, de manera que, en su punto de partida, las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas comunidades autónomas no difieran sustancialmente”.

El impuesto a los ricos, extraordinario y temporal en un inicio, se aprobó a finales del año pasado para gravar la riqueza de ese ejercicio y del siguiente. La primera liquidación se hizo en julio de 2023 sobre el patrimonio de los contribuyentes de 2022, mientras que la segunda tendrá lugar en 2024. El Ministerio de Hacienda, según los datos oficiales, recaudó durante el pasado ejercicio con esta novedosa figura un total de 623,6 millones de euros provenientes de 12.010 grandes patrimonios de todo el país. De todos ellos, 10.302 (el 85%) estaban afincados en Madrid y pagaron 555 millones, el 89% del conjunto de los ingresos. Los no residentes no se encuentran desagregados. Entre ellos y los ricos de Ceuta y Melilla, sumaron un total de 342 obligados tributarios.

En paralelo, el BOE también recalca que Hacienda prorrogará un año más los gravámenes extraordinarios a banca y energéticas (este último con bonificaciones a cambio de inversiones en transición verde) con el compromiso de revisarlos para integrarlos plenamente en el sistema tributario español a partir del año 2025.



FUENTE: Cinco Días

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