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El Gobierno aprueba una regularización urgente de migrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado este 27 de enero un Real Decreto de tramitación urgente para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas extranjeras que se encuentran en España en situación administrativa irregular. La medida, impulsada por el Ejecutivo, busca dar respuesta a una realidad social consolidada y facilitar la integración efectiva de miles de personas y familias.

La decisión fue anunciada tras la reunión del Consejo de Ministros, en una comparecencia en la que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones subrayó el carácter estructural de la iniciativa y su encaje dentro de una política migratoria basada en el orden, la responsabilidad institucional y los derechos humanos.

En palabras del Gobierno, la regularización pretende alinear la normativa administrativa con una realidad social que “va por delante de la burocracia”, evitando situaciones de exclusión prolongada y favoreciendo la cohesión social y económica.

Requisitos y alcance de la regularización

La regularización se dirige, en primer lugar, a personas solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse quienes acrediten una permanencia mínima de cinco meses en España anterior a esa misma fecha.

Entre los requisitos exigidos figura la ausencia de antecedentes penales y el no suponer una amenaza para el orden público. La acreditación de la estancia en España podrá realizarse mediante documentación pública, privada o una combinación de ambas, flexibilizando así la prueba de arraigo.

La autorización que se conceda será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector de actividad. Tendrá una vigencia inicial de un año, con la posibilidad de incorporarse posteriormente a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

Integración familiar y acceso inmediato al empleo

Uno de los elementos destacados del decreto es su enfoque familiar. El proceso permitirá regularizar de forma simultánea a los hijos menores de edad de las personas solicitantes que se encuentren en España. En estos casos, la autorización tendrá una duración de cinco años, reforzando la estabilidad de los núcleos familiares.

El Gobierno ha subrayado, además, el carácter ágil del procedimiento. El plazo máximo de resolución será de tres meses, si bien la mera admisión a trámite de la solicitud habilitará a las personas interesadas a trabajar desde el primer día, evitando periodos prolongados de inactividad forzosa.

El plazo para presentar solicitudes se abrirá a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, permitiendo a las personas en situación irregular iniciar el proceso de regularización dentro de ese marco temporal.

Una medida con precedentes en España y en la Unión Europea

El Ejecutivo ha insistido en que esta regularización extraordinaria no constituye una excepción, sino que se inscribe en una trayectoria histórica tanto en España como en el ámbito europeo. Desde la década de los noventa, numerosos Estados miembros han impulsado procesos similares, y en España se han llevado a cabo varias regularizaciones en distintas etapas políticas.

Asimismo, la medida recupera el espíritu de una iniciativa legislativa ampliamente respaldada socialmente, que fue tomada en consideración por el Congreso en 2024 y que, según el Gobierno, había quedado bloqueada durante meses.

Una respuesta jurídica a una realidad social consolidada

Con este Real Decreto, el Gobierno pretende ofrecer una respuesta jurídica ordenada a una situación de hecho, facilitando la integración social y laboral de cientos de miles de personas y reforzando un modelo migratorio compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.

La regularización abre ahora un nuevo escenario normativo que exigirá seguimiento por parte de despachos profesionales, entidades sociales y administraciones públicas, tanto por su impacto inmediato como por su proyección futura en el sistema de extranjería.

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