Cuenta atrás para el ‘impuesto’ al carbono: así afectará a las empresas
En enero, las compañías tendrán que presentar su primera declaración con la cantidad de gases de efecto invernadero de los productos importados entre octubre y diciembre de 2023.
Comienza la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), un impuesto, aunque no en sentido estricto, que gravará las importaciones más contaminantes a ojos de la Unión Europea. Aunque el régimen transitorio empezó de forma oficial el pasado mes de octubre, no será hasta el próximo enero cuando las empresas se enfrenten por primera vez a la declaración trimestral de la cantidad de gases de efecto invernadero.
“Esta declaración forma parte del régimen transitorio establecido por la normativa, que va desde octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2025”, explica Enrique Tejedor, socio de PwC Tax & Legal. “Las empresas no están todavía adaptadas al 100%. Hay dos niveles de adaptación a este nuevo mecanismo en función de la magnitud de la empresa. Las grandes multinacionales afectadas por este mecanismo están bastante preparadas porque es una obligación más para ellas y una parte más de su compliance. Sin embargo, a las empresas más pequeñas lógicamente les está costando más”, añade.
El nuevo mecanismo se aplicará a las importaciones de la UE de hierro y acero, aluminio, electricidad, ciertos fertilizantes, cemento, así como ciertos precursores –es decir, materiales activos de cátodo– y un número limitado de productos intermedios como tornillos y pernos. Los expertos de PwC esperan que el alcance del MACF pueda extenderse a todos los grupos de productos cubiertos por el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE o a la lista de productos con riesgo de fuga de carbono. Es decir, petróleo crudo y productos derivados del petróleo, productos químicos básicos inorgánicos, gases industriales, caucho sintético, metales no ferrosos y otros.
“Es importante que las compañías afectadas tengan en cuenta que las nuevas obligaciones son muy complejas. Los fiscalistas no se pueden encargar solos de esto. Hay que contar con equipos de medio ambiente y especialistas en el Régimen de comercio de derechos de emisión”, afirma Enrique Tejedor.
El mecanismo de ajuste de carbono está concebido para aplicarse, inicialmente, en paralelo al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, si bien irá sustituyendo la asignación gratuita de derechos de emisión.
Una vez finalizado el periodo transitorio, a partir de 2026, se exigirá además a los importadores la compra de certificados para cubrir la huella de los gases de efecto invernadero, y el precio de estos certificados estará vinculado a los precios del carbono marcado en el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. “La compra de estos certificados es un asunto que también genera controversia. Cuando la empresa calcula el derecho de emisión para canjearlo por el certificado, tiene que ir a la plataforma semanal de subastas del Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. El precio no es lineal. La tendencia es al alza, pero las empresas tienen que hacer una previsión del coste de la importación y nadie sabe cuánto le va a costar finalmente el mecanismo”, explica Enrique Tejedor. “Es un coste al alza, pero realmente no sabes el coste final”, apostilla.
Estos certificados se comprarán por los importadores a la autoridad que cada Estado miembro haya designado. En España, será el Ministerio de Transición Ecológica y deberán cubrir el coste de los de las emisiones implícitas en los productos importados.
La Aduana donde se lleve a cabo el despacho de importación de los productos afectados por el MAFC será la encargada de verificar que el importador declarante autorizado ha adquirido certificados en cuantía suficiente para realizar la importación de estos productos.
La norma prevé una exención en la importación de productos en el caso de envíos inferiores a 150 euros, o cuando el productor de fuera de la Unión justifique que ha pagado en el país de origen un precio por el carbono utilizado en la producción. También cuando el producto sea originario de un país con el que la Unión tenga acordado un reconocimiento mutuo, al tener una normativa similar a la europea.
FUENTE: Expansión
